Una de las proclamas
más memorables de nuestro Libertador Simón Bolívar en el Discurso de Angostura,
el 15 de Febrero de 1819, fue la sentencia “Moral y Luces
son nuestras primeras necesidades”, exaltando el imperio de la
virtud con un llamado a los políticos a ser probos e ilustrados, dejando ver la
importancia de incluir en la Ley el Poder Moral, con la fe puesta en
la educación, concepto tan alto para él como la libertad y la defensa de las
garantías sociales. Mucho se esforzaron nuestros héroes patrios en
legarnos los ideales por los cuales lucharon hasta lograr la
Independencia. Enfatizado en la Constitución vigente de
1999, - la No. 23 desde la consolidación de la República en 1830
- en el Capítulo IV del Poder Ciudadano se establece que los órganos
que ejercen ese Poder “tienen a su cargo prevenir, investigar y
sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral
administrativa, velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del
patrimonio público e igualmente promover la educación como proceso creador de
la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la
responsabilidad social y el trabajo”.
Desde los
acontecimientos del 19 de Abril de 1810, luego de librar
las gloriosas batallas a favor de la Independencia, seguido de los sucesos de
1830 cuando nació la República de Venezuela bajo la jefatura de José Antonio
Páez, hasta el actual mandatario Nicolás Maduro en el 2018, hemos
tenido una treintena de Presidentes de Estado, algunos de ellos electos en
comicios libres, otros producto de golpes de estado, guerras
internas, conspiraciones políticas, revoluciones, caudillismo y traiciones
consumadas en detrimento de la estabilidad de la Nación que hasta el presente
no ha logrado el ideal bolivariano de la Moral Pública, haciendo que la mayoría
de los venezolanos desconfíen de las autoridades al no ver reflejadas en ellas
esa virtudes enaltecidas en el Poder Moral. De tal manera que no se compagina
esa disposición constitucional de las virtudes republicanas, inspirada en el
ideal bolivariano, con la realidad nacional de los gobiernos que han
regido a la Nación, democráticos unos y tiránicos otros que en su gran mayoría,
lejos de cumplir esos preceptos, los infringen, en detrimento de una
sociedad confundida por el abuso de poder, el clientelismo político,
el fraude y la corrupción.
Las 23 Constituciones
promulgadas desde 1830 hasta la actual de 1999, sumada
a la ya redactada por la ilegítima Asamblea
Nacional Constituyente para entrar en vigencia, si el proceso del
fraude consumado sigue su curso, ponen de manifiesto el afán de dominio público
que ha caracterizado a muchos de nuestros gobernantes, disimulando con leyes
dictadas a su conveniencia el deseo de perpetuarse en el poder. No
es de extrañar, entonces, la indisciplina social característica de nuestro
pueblo, acostumbrados unos a no cumplir las leyes, otros a violar las normas de
conducta social, a cometer fechorías, robos y secuestros. Así como
tampoco son extrañas las desigualdades sociales y económicas de una población dispar
en la educación, en la moral republicana y en los valores
democráticos. Ciudadanos de proba conducta, cultos, de buena
posición económica y social, de solvencia moral, conviven en un
mismo país con ciudadanos incultos, que viven en la mayor
pobreza en barrios marginales de aceras y calles
rotas, viviendas y servicios públicos precarios.
Valencia, 12 de Noviembre del 2018.
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