El operativo efectuado el 20 de Mayo en el Fuerte Paramacay por el Plan Bolívar 2000, para la renovación de las licencias de conducir, logró en 4 días entregar la licencia laminada a treinta mil personas, a quienes no les importó estar de pie en una larga cola que sin embargo se movía con rapidez, con tal de actualizar sus títulos de manejar, Al llamado de renovación inmediata, los conductores respondieron con diligencia, lo que quiere decir que el venezolano quiere cumplir con la legalidad, pero la enmarafiada administración pública se lo impide, para imponerle en su lugar toda suerte de trabas, cobros y fastidiosas diligencias que lo hacen perder la paciencia. Hacer ese mismo trámite por la vía regular toma meses de sellar y resellar un papel provisional, con el pretexto de que no hay material, o cualquier otra excusa.
Resulta insólito que en Venezuela el ciudadano trata de acatar la ley, pese a la tranca que le impone el sector oficial, obligándolo muchas veces a la desobediencia civil y hasta a sobornar a los funcionarios públicos para obtener a tiempo lo que le corresponde y sin embargo se le retiene sin justificación. Hay muchos bachilleres que después de varios años no logran obtener su diploma de parte del Ministerio de Educación y tienen que hacer innumerables viajes a Caracas para conseguirlo, después de largas horas de espera en esas oficinas. La lista de documentos oficiales que son retenidos en los despachos públicos es interminable.
Para nadie es un secreto lo pesado que resulta sacar o renovar la Cédula de Identidad, documento indispensable que todo ciudadano tiene que portar para demostrar su identificación y el que se exige para cualquier tipo de trámite. Hay escasez de estampillas y siempre son por un monto superior al que se requiere, quedándose los funcionarios que las venden con la diferencia de la manera más descarada, pero somos tan pacientes y estamos tan urgidos de legalidad que no decimos nada, con tal de que nos entreguen el pequeño carnet laminado. En las oficinas de Tránsito Terrestre hay roscas de gestores confabulados con los funcionarios para “matracar” al público que acude en busca de su licencia, a quienes se les retarda la entrega, forzándolos a dar una comisión por algo que es gratuito.
Pagar o reclamar los servicios públicos es otra calamidad a la que el usuario tiene que enfrentarse cada vez que acude a esas oficinas. El horario no es corrido, sino que cierra al medio día y es corto tanto en la tarde como en la mañana, por lo que es muy probable que cuando uno llegue, las taquillas ya estén cerradas y tenga que volver después, puesto que así como son de lentos para atender a los usuarios son de rápidos para suspender el servicio si no se paga a tiempo.. Las planillas de reclamos se acumulan sin que los inspectores pasen a revisar, por lo que el usuario termina pagando para no acumular mucha deuda, con tal de que no le den una orden de corte. Esto pasa con los teléfonos, con la luz y con el agua, es decir con la C.A.N.T.V. , con Eleoccidente y con Hidrocentro. en las colas, el público se queja, se oyen protestas, pero en general el venezolano es paciente y aguantador.
El colmo es con el Seguro Social y las pensiones de jubilación y vejez. Los ancianos son sometidos a numerosas diligencias para poder cobrar el mísero sueldo y cuando caen enfermos las diligencias que tienen que hacer son tantas que terminan muchas veces pagando en climas privadas o recurriendo a hospitales no afiliados. La asistencia médica a los asegurados es casi como un favor que se mendiga, faltando con frecuencia los médicos a las consultas, por lo que los pacientes tienen que ir una y otra vez. No hay información precisa ni un trato personalizado, sino más bien un montón de gente esperando ser atendida.
Indignante es también tener que acudir a la PTJ a denunciar el robo de un carro, de una casa, o un atraco a mano armada. Las horas de espera se hacen interminables y descaradamente se le dice a las víctimas de semejantes asaltos que no hay patrullas disponibles, o que no tienen batería ni cauchos, sintiéndose los agraviados tan desprotegidos al no sentir el respaldo de la autoridad. Se insiste, sin embargo, y hay que ti una y otra vez para hacerle un seguimiento al caso.
A las asociaciones de vecinos, que se han prestado con la mejor buena voluntad a cooperar para mejorar sus comunidades, se las hace rebotar de despacho en despacho para atender sus reclamos, cuando lo lógico seria que con tan sólo una petición los organismos respondieran a sus denuncias, que generalmente son de use indebido de zonificación, o de construcciones ilegales o servicios públicos deficientes. En todas esas diligencias se pierde un tiempo precioso, además del esfuerzo y la energía consumida en ti y venir en espera de ser atendido.
El papeleo, la desidia del personal y el irrespeto al ciudadano imperan en muchos de los organismo públicos, que generalmente son agentes recolectores de pagos a impuestos, más que servidores del Estado. Nos hemos acostumbrado tanto a las colas y al trato brusco que ya hasta nos parece normal. así nuestra moral está disminuida, envuelta en una engorrosa ineficacia administrativa que nos ha sometido a una tensión social explosiva, atenuada afortunadamente por el carácter expansivo del venezolano.
Publicado en El Carabobeño el 16-06-99