Varios puntos me llaman la atención del conflicto que surgió entre el Centro de Historia del estado Carabobo y el Ejecutivo regional, por la pretensión de éste último de rescindir el contrato de comodato suscrito entre ambos organismos en el año l989, mediante el cual se le cede a esa institución la antigua casona para su uso y funcionamiento. Con el pretexto de la creación de Fundapatria, por decreto del ex gobernador Henrique Salas Römer el 6 de febrero próximo pasado, intenta el gobierno una acción ilegal y absurda, por cuanto carece de justificación.
Enumerar las razones por las que me solidarizo con la posición asumida por los actuales directivos y miembros del Centro en asunto tan delicado como molestoso, es seguir uno a uno los puntos que ellos han señalado en diversas declaraciones y comunicaciones para rechazar tan arbitraria exigencia gubernamental, señalando que la posición oficial viola la legitimidad del contrato. Las actuaciones unilaterales por vía de decreto emanadas de los órganos ejecutivos no se compadecen con la etapa democrática que vivimos, puesto que se hacen al margen de los otros poderes, dejando al árbitro del gobernante de turno el ejercer derechos que en ocasiones no le corresponden, como sucede en el caso que tratamos en esta ocasión.
En primer lugar, tuve ocasión de leer la carta que el Procurador General del estado Carabobo envió al presidente del Centro de Historia, manifestándole la anulación del comodato y puedo decir que está redactada en términos poco amistosos, chocantes si se quiere, por la imposición oficial, no apropiada para tratar sobre un tema de interés nacional con respetables señores estudiosos de nuestra historia patria. Expresar que, puesto que el Ejecutivo regional ha hecho inversiones cuantiosas en el referido inmueble y “con el objeto de garantizar los recursos suficientes que en el futuro se requerirán para el mantenimiento y conservación del mismo” es motivo suficiente para despojar de su derecho a un ente jurídico, de carácter académico, que cumple su función a cabalidad, es desconocer que es una obligación y no una dádiva del gobierno el aportar recursos económicos, como órgano administrativo del estado. Se supone que estas instituciones sin fines de lucro, que trabajan por la defensa del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, solicitan sus aportes económicos al gobierno y a uno que otro particular, sin que ello tenga que obligar a un sometimiento de principios.
“Caridad con uñas” no es lo que necesitan las instituciones de la sociedad civil para trabajar en beneficio de la colectividad, creando las bases de un auténtico patrimonio cultural, puesto que sus raíces se afincan en la originalidad de las expresiones más variadas que conforman la identidad nacional. No es interviniéndolas ni sometiéndolas por parte del poder público, puesto que éste es transitorio y obedece a intereses más políticos o personales que a causas de vocación por determinadas especialidades. Da mejores frutos compartir los logros y responsabilidades con estos centros históricos, literarios y culturales, con el fin de lograr una relación armoniosa entre el gobierno y la sociedad civil representada en sus instituciones.
No deja de llamar la atención toda esta situación, porque hasta ahora había sido unánime el respaldo de la ciudad a los trabajos de restauración de la Casa de la Estrella, reconociendo el celo desplegado por el actual presidente del Centro de Historia, Luis Cubillán Fonseca, en buscar documentos que revelaran la arquitectura original del inmueble y en supervisar personalmente los trabajos con el mayor interés, así como hay agradecimiento colectivo hacia el Ejecutivo regional por haber aportado los recursos necesarios para que la restauración de la edificación luzca hermosa, como corresponde a un centro en e que se respeta la historia. Todo estaba a punto de concluir limpiamente, sin los traumas o conflictos que hacen perder tantas energías y producen tantas desconfianzas. Pero no sé por qué extraña razón el ex gobernador Henrique Salas Römer siempre pareciera estar a la caza de una pelea y es amigo de intervenir instituciones de la ciudad para crear fundaciones controladas por su gobierno. Quizás esa forma de gobernar le resulte exitosa. Sin embargo, causa mucho desasosiego en momentos en que requerimos más bien de consenso para superar la crisis por la que atraviesa el país en general y, por ende, el estado Carabobo.
Digo esto para pasar a otro punto de los señalados por los directivos del Centro como ofensivos por parte del Ejecutivo regional, en la exigencia de rescindir el citado comodato, puesto que se hizo de manera inconsulta y unilateral sin haber establecido contactos previos con ellos, en la búsqueda de acuerdos tentativos para una futura gestión eficaz, que uniera esfuerzos y voluntades en una labor tan encomiable como lo es cuidar el patrimonio histórico y artístico del estado. Violar la legalidad valiéndose del poder es darle paso a la arbitrariedad y eso no puede ser deseable desde ningún punto de vista. Ojalá que esta situación se normalice por el bien de todos, puesto que, repetimos, lo deseable es la concordia y el entendimiento para salir adelante.