En la redacción de leyes improvisadas que el Gobierno Central obliga a cumplir a los venezolanos, valiéndose de la Ley Habilitante y de la mayoría que ostenta en la Asamblea Nacional, la nomenclatura juega el papel de engañar a los incautos, haciéndole creer que las medidas decretadas son para favorecer al pueblo, cuando la realidad demuestra la otra cara de mayor pobreza y malestar social en la profundización de la revolución.
En cuanto a la economía se refiere, la Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en Gaceta Oficial en Enero 2014, en su primer articulado estipula que su objeto es “el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional”. Entre sus fines se incluye “la consolidación del orden económico socialista, consagrado en el Plan de la Patria para incrementar el nivel de vida del pueblo venezolano con miras a alcanzar la mayor suma de felicidad posible”.
De ser justa esa ley, tal como lo propone su nombre y lo establece su articulado, no tendrían los consumidores que padecer la agobiante escasez, inflación y desabastecimiento que los obliga a permanecer de pie durante horas en las colas frente a los mercados, para proveerse de los bienes de primera necesidad, espectáculo éste que nunca antes se había visto en el país y que, en cambio, sí fue muy común en la Unión Soviética durante los 70 años de régimen comunista y lo es todavía en la Cuba fidelista.
Al contrario de lo que dice el gobierno, los más renombrados economistas no comprometidos con la revolución, declaran que las causas del desabastecimiento son los controles de precios y de cambio de la moneda , aparte de las expropiaciones de fábricas y tierras productivas que pasaron a manos del Estado, sin importar la pérdida de ganancias y el abandono en que han quedado la mayor parte de ellas, por la simple razón de que a los propietarios les duele la inversión hecha en años de esfuerzo y capital privado, en tanto a quienes no tienen sentido de pertenencia, poco o nada les interesa el puesto provisional en que los coloca el régimen que usufructa la riqueza ajena.
No sólo los controles del dólar libre a la tasa Sicad y las inspecciones y fiscalizaciones que ejerce la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sunnde), han traído mayor pobreza a la población, sino también mayor corrupción con los decomisos de las mercancías y las multas impuestas a los dueños de los establecimientos por parte de funcionarios del ente nacional, en compañía del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Guardia Nacional.
Todo ese aparataje gubernamental no ha servido de nada, ya que lo ajustes de precios no cubren las estructuras de costos, al dejar a un lado a los productores y comerciantes, negándoles el derecho de calcular sus gastos, para poder obtener ganancias y recapitalizar el negocio. Lo cierto es que todo está más caro, si es que se consigue, por lo que los consumidores tienen que andar zanqueando los mercados en busca de la mercancía y de mejores precios, ya que éstos varían de un establecimiento a otro. A mayor control, menos libertad y más pobreza.
Valencia, 17 de octubre 2015
