El
presidente {e) de Venezuela Juan
Guaidó, en la celebración de la 75
Asamblea General de la ONU, pidió a los representantes de los estados
miembros asumir la responsabilidad de proteger al pueblo venezolano de las
atrocidades de un régimen criminal, considerando una estrategia que contemple
otros escenarios, luego de agotada la vía diplomática. Ha llegado el momento de acciones oportunas y
decisivas –sostuvo firmemente–, pidiéndoles
que lean el informe detallado de la
Misión Independiente de Verificación de Hechos, del 23 de septiembre 2020, que recoge los testimonios de
la víctimas de torturas sistemáticas y el uso ilegítimo de la fuerza. Hay tráfico de drogas, armas y personas.
Las denuncias
son de tal magnitud, sustentadas con pruebas y verificadas con videos en vivo y
en directo, que no actuar es permitir que el latrocinio, el crimen organizado,
el narcotráfico, el terrorismo y otros vicios de lesa humanidad continúen
desangrando a Venezuela. Las ejecuciones
extrajudiciales y las detenciones arbitrarias que mantienen durante tortuosos
años a los presos políticos en las cárceles, el Sebin o el
Helicoide, como es el caso de los policías metropolitanos, fueron confirmadas por la Alta Comisionada de
la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien en su pasada visita
a nuestro país no pudo menos que
confirmar los hechos. El Secretario de
la Organización, Antonio Gutiérrez, se pronunció igualmente preocupado ante tan
descarnado informe.
La dictadura
venezolana ocupa una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización. Ellos tratan de aniquilar
cualquier voz disidente, cualquier fuerza política contraria. Ante el demoledor último informe, el pasado
23 de septiembre Nicolas Maduro intervino en una transmisión grabada
previamente, desmintiendo los hechos y criticando las sanciones impuestas a
Venezuela por el gobierno de Donald Trump. No es admisible que al representante de un
gobierno antidemocrático, violador de los derechos humanos, como lo es Nicolás Maduro, se le preste
atención en un caso ampliamente confirmado de crímenes de lesa humanidad.
Las
posiciones encontradas entre los países miembros de la ONU, integrados por
tantos grandes y pequeños países con
puntos de vista e intereses contrapuestos
que no llegan a un acuerdo sobre qué hacer para que nuestro país retome
el cauce democrático, desviado desde comienzos del siglo actual con un discurso
demagógico de redención social, ha dificultado el consenso en la toma de
decisiones trascendentales, hasta llegar al límite de los abusos ampliamente
reportados en el reciente informe. Hoy más que nunca es evidente la necesidad
que tiene Venezuela de retomar el hilo constitucional, poniendo fin a tantos
vicios y corruptelas.
Valencia, 09 de octubre del 2020.
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