14 marzo 2005

Incluyen a unos, excluyen a otros



La persecución política contra la oposición se acentúa cada vez más, como si quienes disienten del régimen no fueran también pueblo, merecedores de ser incluidos en los supuestos beneficios sociales que buscan lograr la equidad, sin tener que recurrir al carnet del partido para conseguir favores, tal como se hacía en la vilipendiada IV República, errores que la V no quiere que se repitan, a decir de los voceros del Gobierno. Si la inclusión social es una de las metas de las que más se vanagloria, ésa debería ser igual para todos, porque lo contrario es establecer diferencias que incluyen a unos pero excluyen a otros.

Tratando de callar a la disidencia política, se trata de instituir una sociedad homogénea en la que todos piensen igual, sometidos a una sola voz, en la que los ciudadanos se encuentren cohibidos o temerosos de expresar su opinión en los asuntos que conciernen a la generalidad de los venezolanos. Y no solamente amedrentándolos para que no expresen su opinión, con leyes como la de Responsabilidad Social de los medios de comunicación, o el Código Penal, sino limitando sus acciones, tales como las manifestaciones de protesta, las huelgas o los paros cívicos, que se dan en todos los países democráticos del mundo.

Vemos con preocupación cómo se está tratando de formar una sociedad de adversarios del régimen, tal como si quienes son contrarios a las políticas oficiales fueran enemigos de la patria, individuos objeto de toda sospecha, imputados por delitos de rebelión civil o militar, opuestos a los aliados al gobierno revolucionario que, si bien proclama que “Venezuela ahora es de todos”, pretende someterlos a la absoluta incondicionalidad para poder gozar del status de buen ciudadano.

La tendencia es formar una clase acomodaticia que no busque meterse en problemas, que, estando o no de acuerdo con la manera de conducir el Estado, opte por no opinar y trate incluso de arrimarse hacia el lado dominante para conseguir algo de los beneficios. Es la forma característica del autoritarismo, que vemos repetirse cada vez que se persigue a algún periodista, a algún líder de la oposición o a algún militar que se atrevió a sumarse a las protestas de la sociedad civil pidiendo una salida electoral. Si bien notamos que muchos ya están en esa onda de acomodo, otros siguen luchando por mantener las libertades públicas y los derechos ciudadanos. Por eso se les encarcela y se les imputan delitos fabricados con un alto componente político y una justicia parcializada. Los casos aumentan a medida que el Gobierno afianza su poder.

Los ex directores de la Policía Metropolitana Henry Vivas y Lázaro Forero, funcionarios que ejercieron una importante labor pública en defensa de la seguridad de los manifestantes de la ciudad de Caracas, llevan ya tres meses detenidos, imputándoles de la manera más injusta los delitos de homicidio calificado en grado de autoría intelectual y lesiones en perjuicio de víctimas del 11 de abril de 2002. Se abrió un juicio también sobre Iván Simonovis, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas, y ocho policías metropolitanos, señalándolos como autores materiales de algunos homicidios de la llamada “masacre de El Silencio”. Hasta el presente, ninguno de esos cargos se ha podido comprobar.

Durante una persecución policial, tras la muerte del fiscal Danilo Anderson, matan al abogado Antonio López Castillo y detienen a sus padres, la ex senadora Haydée Castillo y Antonio López. La detención del ex presidente de la CTV Carlos Ortega, culpándolo de instigación a delinquir y de rebelión civil por haber liderado, en abierta lucha contra el Gobierno por los derechos democráticos, el paro cívico de la oposición de Dic. 2002 hasta Feb. 2003. Ortega había ganado en buena lid las elecciones sindicales de la CTV nacional en el año 2001, lo que el Gobierno nunca le reconoció.

Se criminaliza a la disidencia y los periodistas que se atreven a revelar informaciones que incomodan al Gobierno son imputados y se les abren expedientes en los tribunales. Napoleón Bravo es acusado del delito de instigación al odio por cierta referencia que hizo a la violación de los derechos humanos en su programa 24 Horas. Las periodistas Patricia Poleo e Ibéyise Pacheco han sido también imputadas por denunciar casos que el Gobierno niega. Se cita al ex gobernador del estado Miranda Enrique Mendoza por el cierre del canal 8 de televisión en abril de 2002. Se condena a prisión al abogado constitucionalista Tulio Álvarez por haber denunciado la malversación de fondos de un diputado oficialista en la Asamblea Nacional. Varios de los militares que manifestaron en la Plaza Altamira han sido también detenidos y otros son buscados para privarlos de libertad.

-El único camino que le queda a la oposición es la resistencia y la defensa de los derechos políticos. Hace falta movilización y compromiso de la gente, dijo el abogado Tulio Álvarez al venir a Valencia para fundar el partido político Federación Verdad Venezuela. Un país en el que todos estén incluidos, pluralista, democrático y con pleno ejercicio de las libertades públicas. Ése es el país por el que tendremos que luchar.

El Carabobeño, 13-03-2005

El Siglo, 14-03-2005

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