En poco menos de un mes, los terrenos desocupados se llenaron de ranchos, afeando el paisaje, degradando el ambiente y mostrando la imagen depauperada de la miseria social. Es difícil creer que los venezolanos de menores recursos prefieran vivir en ranchos que en casas, pero si eso es lo que les ofrece el gobierno a costa de apropiarse de terrenos que no les pertenecen, se instalan en ellos con la esperanza de que algún día les construirán viviendas decentes, con todos los servicios básicos para vivir dignamente.
Tener un techo propio es una de las aspiraciones fundamentales de todo ser humano, pero en Venezuela hay un déficit de 2 millones de viviendas y muchos empresarios de la construcción están dispuestos a invertir su capital en desarrollos habitacionales, si les ofrecen reglas de juego claras para iniciarlos, en conjunto con el Estado. Lejos de eso, el gobierno lo que ha hecho es aprobar nuevas leyes y decretos entorpecedores, que tienen estancado el desarrollo de nuevos proyectos. Una de ellas es la ley de tierras, cuyos resultados desastrosos hemos visto en los últimos días con el caos generado por las invasiones, a las que el gobierno responde con su acostumbrada demagogia, ofreciendo soluciones que hasta que no se concreten van a mantener la zozobra en la población.
Los decretos zamoranos, que comenzaron en el estado Cojedes bajo las órdenes del gobernador Johniy Yánez Rangel con el visto bueno del gobierno central, sembraron el desorden de la tenencia de la tierra, pasando por encima de la titularidad, de la productividad y de los planes habitacionales con proyección de futuro. Con las invasiones, la proliferación de los ranchos y el desplazamiento de grandes masas de población no se hizo esperar. Láminas de zinc, tablas y palos sirven para levantar una vivienda de un día para otro, para lo cual hay que deforestar los terrenos en donde éstas se van a asentar, lo que degrada el ambiente y disminuye los recursos renovables y no renovables. El estado Carabobo no fue ajeno a esta situación irregular, reportándose la cifra de 5 mil hectáreas invadidas hasta la fecha.
Leyendo sobre estos casos, que tienen conmocionada a la opinión pública y han llenado las páginas de los periódicos con fotografías e informaciones en las que se señala la angustia de los vecinos cuyos terrenos adyacentes han sido invadidos, que ven amenazada su seguridad, al ver levantarse de la noche a la mañana rancherías con personas venidas de otras regiones, cuya procedencia e identidad desconocen, veo unas declaraciones, ofrecidas en este mismo diario, del presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Carabobo, Aníbal Gómez Agudelo, quien sostiene que la aprobación de nuevas leyes y decretos emitidos recientemente ha paralizado el desarrollo de nuevas inversiones, originando retrasos en el sector construcción e inmobiliario, debido a los trámites engorrosos para poder obtener un crédito, que ahora va a estar controlado por el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, por el Consejo Nacional de la Vivienda y por el Banco Central de Venezuela.
Sostiene el Sr. Gómez Agudelo que está prevista la creación de una especie de Mercal para el sector construcción y que en los planes gubernamentales se ha excluido la participación de ingenieros, arquitectos y de otros profesionales entendidos en la materia, con experiencia en el ramo de la construcción.. Sabemos que el Estado venezolano es lento y engorroso para cualquier tipo de trámites, como también sabemos que la exclusión del sector privado en la economía genera estancamiento, así es que no vislumbramos que esos terrenos invadidos puedan ser desocupados pronto para devolverlos a sus legítimos propietarios, pues el gobierno mantendrá la esperanza de que en ellos van a ejecutar conjuntos habitacionales, pero éstos se retrasarán.
Por otra parte, la lucha contra el latifundio, que es el pretexto de la ley de tierras para que el Estado esté autorizado a apoderarse de tierras privadas, con el pretexto de que están ociosas, lo que hace es producir más pobreza y caos social, al mejor estilo de las revoluciones agrarias del siglo pasado, prácticamente todas fracasadas en el intento de mejorar la productividad de los campos y
de crear riqueza. El campo necesita seguridad personal y jurídica, asistencia técnica, créditos, subsidios, penetración de carreteras y vías de acceso para la colocación de las cosechas y otras
facilidades que el Estado venezolano no está en capacidad de dar a corto plazo. La escasez alimentaria se agravará y el costo de los alimentos va a elevarse y eso ya lo estamos viendo con la escasez que hay de la leche y con el alto precio de la carne, entre los artículos alimentarios más necesarios para una buena nutrición.
Las invasiones son actos injustos de ambos lados, tanto para los que ven invadidas sus parcelas
como para quienes pasan a ocuparlas, puesto que los primeros sienten el temor de perder sus
propiedades por efecto de quienes se apoderan de ellas ilegalmente y los últimos saben que esos lotes
de tierra no les pertenecen, por lo que pueden ser expulsados de ellos en cualquier momento. Esto produce una sensación de inestabilidad social y de desajuste sicológico, lo que no es nada bueno para la paz social.
El Carabobeño, 05-02-2005
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