Robar con perdón

El robo en Venezuela es una calamidad que azota a varias capas de la población, porque no sólo los pobres roban a los ricos, justificado en aquella frase infortunada de la alta magistratura presidencial que sentenció “robar por hambre no es delito”, sino que los ladrones tampoco tienen piedad con los de menores recursos a la hora de quitarles algo de lo poco que puedan tener: un par de zapatos, una bicicleta o unos cuantos enseres de la casa.

Tampoco muchos de los funcionarios públicos de altas, medianas o bajas posiciones tienen empacho de solicitar comisiones, sobornar o desviar para sus bolsillos los fondos presupuestados para los organismos en los que ellos ejercen sus cargos.

Sin mayores temores por los procedimientos ilícitos tipificados en las leyes, una administración tras otra erosionan el erario nacional, como un mal endémico arraigado en el comportamiento de muchos de quienes ocupan posiciones para servirse a sí mismos en lugar de para servir a los demás. La corrupción envuelve a la administración pública como una mancha ensombrecida con los malos hábitos adquiridos quién sabe por qué factores atávicos de latrocinios, impunidad y viveza criolla.

Disculpar el robo de quienes se apropian de lo ajeno con el pretexto de que están famélicos, tanto como para no tener ni siquiera fuerzas para ganarse el sustento diario trabajando honradamente, es avalar el delito y fomentar la impunidad, peligrosos componentes del caos social que se forma cuando la propiedad no se respeta. Es también una manera de aceptar el desempleo por la falta de productividad del país, puesto que si hay que salir a robar en lugar de laborar, es porque están agotados los puestos de trabajo y la economía está estancada.

Hay delitos mayores o menores según la cuantía de los hechos, pero la transgresión de la ley en cualquiera de sus formas debe ser penalizada en proporción ajustada a la violación de la legalidad. El robo es corrupción, grande o pequeña, basada en los daños materiales que se ocasionan, pero cuando se convierte en una costumbre inveterada en la sociedad en la que ocurren hurtos frecuentemente, sin la aplicación de castigos ejemplarizantes para quienes los cometan, se está frente a una situación de descomposición social, o de falta de moral pública, preocupante por la inseguridad que representa para los ciudadanos en conjunto y por el desfalco de los bienes colectivos en detrimento de todos.

En las urbanizaciones los vecinos han tenido que recurrir al cierre de las calles, pagando entre todos la vigilancia privada, por el temor de dejar las casas solas a merced de los ladrones acostumbrados a violentar puertas y ventanas para sustraer todo lo de valor que puedan encontrar, generalmente equipos electrónicos, dinero en efectivo y joyas. En los barrios y urbanizaciones populares, los hurtos son también frecuentes, expuestas las familias a perder lo más valioso de cuanto con mucho esfuerzo lograron adquirir. Cuando ocurren accidentes automovilísticos en las autopistas o carreteras, los ladrones acuden prestos a saquear todo cuanto puedan encontrar, e igual ocurre en los siniestros de edificaciones, sin mostrar la más mínima piedad con las víctimas.

El robo del material quirúrgico, de medicinas y equipos en los hospitales es igualmente común, reportándose casos en los que las sospechas recaen en el personal interno, o en los visitantes, teniendo que someter a esos centros a una permanente vigilancia. El personal doméstico, contratado para ir y venir en casas particulares, roba a menudo artículos pertenecientes a los miembros de las familias en las que trabajan, viéndose ésas obligadas a despedirlos cuando son descubiertos in infraganti.

Los robos de vehículos son tan comunes, que han surgido montones de desempleados dispuestos a vigilarlos apenas se estaciona uno en cualquier lugar de la calle, lo que generalmente se acepta por un monto insignificante, sin estar uno seguro de la efectividad de esa vigilancia.

El hurto de los cables, postes y transformadores de las empresas eléctricas, unido a las tomas ilegales de energía por parte de quienes levantan sus viviendas improvisadas en terrenos invadidos significa cuantiosas pérdidas económicas para esos proveedores de luz, reportadas anualmente en millones de bolívares que dejan de invertirse en mejorar los sistemas. Pero el descaro mayor está en las invasiones de tierras particulares que activa el Instituto Nacional de Tierras nombrado por el gobierno actual y que para acabar con el latifundio, creando con ello un estado de inseguridad jurídica preocupante para la paz social.

A lo largo de nuestra historia republicana, el mal ejemplo que han dado algunos de nuestros gobernantes ha dado lugar a resquebrajar la moral pública, afianzando incluso el concepto de que ser honesto es ser tonto y de que al llegar a algún cargo de importancia hay que saber aprovecharlo en beneficio propio.

Robaron los federales, robaron los andinos, robaron los militares y civiles en los tiempos de la dictadura y robaron los demócratas que los sucedieron y actualmente roban los chavistas amparados por el jefe máximo de la revolución. No más llegar al gobierno, se sienten los dueños del país, borrando las distancias entre el patrimonio público y el particular.

Robar con perdón es un delito sin sanción, es la impunidad llevada al extremo de dejar pasar la corrupción hasta penetrar las fisuras de la sociedad.

El Siglo, 06-08-2005

El Carabobeño, 10-08-2005