28 mayo 2017

Un amparo para las Leyes



Los que no entendemos de leyes nos sentimos confundidos, porque quienes hacen política en estos tiempos  se contradicen tanto que uno, para enterarse de las noticias, tiene que saber  de Derecho o por lo menos tratar de interpretarlo para deducir si la actuación de quienes nos gobiernan está en lo correcto o más bien es violatoria de algunos de los articulados referidos a determinados asuntos de la vida nacional. Una cosa dice la oposición y otra el gobierno en una diatriba permanente que lo que hace es desconcertar a la opinión pública,  creando un estado de zozobra paralizante del desarrollo normal de la Nación.

En esa situación de incertidumbre, lo más lógico es que los ciudadanos tratemos de formarnos un juicio propio del acontecer público y para ello recurrimos a los periodistas y medios de comunicación  para que nos informen, a falta de tener que acudir a los voceros  de los despachos oficiales con el fin de que nos tengan al  tanto de las últimas novedades.  En una sociedad de masas como la  actual, los más media tienen un papel fundamental en la transmisión de las noticias y ellos son los canales regulares a través de los cuales participa la ciudadanía,  en lo que se denomina la retroalimentación o feed back, que no es otra cosa  que la respuesta del que recibe la información al que la envía.

Al limitarse el derecho a réplica, consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, se tranca  el canal de retroalimentación, como sucedió a raíz del amparo constitucional solicitado por Elías Santana,  coordinador del movimiento “Queremos Elegir” y la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que cercena el Art. 58 de la  Carta Magna Bolivariana,  el cual  en una de sus partes indica:  “toda persona tiene el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados  directamente por informaciones inexactas o agraviantes”.  La sentencia reduce el ámbito de la legalidad especialmente a quienes tienen mayor acceso a los medios, como son los periodistas, editores y dueños de las empresas de comunicación.

El país está sumido en la anarquía y en la discusión estéril de los asuntos públicos. Están a la orden del día los recursos de amparo, de interpretación y de nulidad, así como las demandas ante el Tribunal Supremo de Justicia y ante otras instancias internacionales como la  Corte  Interamericana de los Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa, o la Organización Internacional del Trabajo, que dictó condena  contra el gobierno nacional  por interferir en la libertad sindical de las centrales de trabajadores, lo que ha hecho que el nombre de Venezuela se debata entre la legalidad y la inconstitucionalidad. Nos preguntamos si valió la pena someter  al país a tantas elecciones,  7 en  poco menos de dos años,  para estar más confundidos en la V República de lo que estuvimos antes. El Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, mostró preocupación por el avance de las diferentes políticas vigentes que han tenido que llegar a los órganos judiciales, a la vez que precisó que su despacho es una magistratura de mediación que procura mantenerse al margen de la confrontación cuando ésta se politiza.

La libertad de expresarse francamente, ajustada al respeto y al pronunciamiento de la verdad, es el derecho fundamental para poder construir una buena democracia. No es democrático que el Presidente de la República Hugo Chávez interrumpa la programación radial y televisiva cuando se le antoje, para transmitirle a la Nación algo que él considera necesario, pero sin programar el uso del tiempo y del horario, sometiendo a los tele oyentes a largas y tediosas cadenas en las que,  si bien  anuncia ciertas informaciones de interés público, también intercala muchas tonterías y repeticiones. Voy a hablarle a la Nación hasta el filo de la medianoche, puede ser una, dos o tres veces a la semana, sin límite de horas,  –dijo  con aire retador el presidente antes de partir para asistir a la Cumbre del Mercosur en Paraguay.   Con la espada en la mano, el Jefe del Estado es la imagen del revolucionario que intimida con palabras y con gestos.

No debería la política ni mucho menos la ideología inmiscuirse en los asuntos internos o externos del gobierno, para tratar de fijar rumbos inciertos que están sujetos al capricho del Presidente y sus acólitos,  puesto que el mandato constitucional lo convalidó a través del voto popular para que pusiera a todo el país en sintonía y procure alcanzar metas comunes que redunden en beneficio de todos. A medida que la oposición crece el oficialismo se hace más impopular, porque tratar de intimidar a los medios es como ponerle un bozal a quienes se sienten con derecho de hacer observaciones que, de escucharlas con atención,  podrían ser bien útiles para establecer los correctivos.

Nada puede ser peor para un mandatario que oír sólo la voz de los adulantes y beneficiarios del poder, puesto que los que quedan afuera,  que son la mayoría, sienten un descontento cuando sus necesidades no son satisfechas, que tratan de expresar por los canales regulares que ofrece la libertad de expresión a través de los  más media, pero que al obstruirse éstos, tratan de buscar otras salidas contrarias a las aspiraciones del caudillo que pretende perpetuarse en el poder.

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